SANTO DOMINGO. Aunque vence hoy el plazo otorgado por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a la Procuraduría General de la República para presentar acusación contra los imputados por los sobornos para la compra de los aviones Super Tucano, esto no es algo que en la práctica sea de obligatorio cumplimiento.
Si la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) decide no presentar, al concluir el día, actos conclusivos contra el exsecretario de las Fuerzas Armadas, general Pedro Rafael Peña Antonio, coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Carlos Piccini Núñez, y los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, el juez puede intimarlo a hacer el depósito en un plazo de 15 días.
El artículo 151 del Código Procesal Penal establece en lo relativo a la perentoriedad que “vencido el plazo de la investigación, si el ministerio público no acusa, no dispone el archivo ni presenta otro requerimiento conclusivo, el juez en los cinco días siguientes, de oficio o a solicitud de parte, intima al superior inmediato y notifica a la víctima, para que formulen su requerimiento en el plazo común de quince días. Si ninguno de ellos presenta requerimiento alguno, el juez declara extinguida la acción penal sin dilación alguna”.
En julio, Danilo Amador Quevedo extendió por dos meses el plazo para que la PEPCA concluyera la investigación por los US$3.5 millones que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER) admitió haber pagado a funcionarios dominicanos entre ellos legisladores.
